El presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, manifestó su total rechazo a la reglamentación de Ley Nº 28029, que regula el Uso de Agua en Proyectos Especiales entregados en Concesión, publicada mediante DS 022-2009-AG, por haber sido “elaborada para brindar facilidades a las empresas que van a intervenir en las concesiones en mantenimiento e infraestructura en cualquier obra pública de irrigación e hidroenergéticos”.
 
Para Antolín Huáscar “este reglamente viabiliza la privatización del agua”, ya que no se podrá utilizar este recurso hídrico sin autorización de la empresa concesionaria, previo pago de la tarifa por el servicio. Es decir, desde ahora se cobrará una tarifa para el uso del agua que se suministrarán de nuestras fuentes naturales. 
 
El reglamento señala que la tarifa que deben pagar los usuarios comprende: operación y mantenimiento, cobertura para la recuperación de las inversiones del concesionario, y gestión de riesgos. El dirigente advirtió que de esta forma el dinero de los usuarios no sólo servirá para recuperar los gastos de inversión sino también para cubrir los riesgos que implica dicha inversión.
 
Antolín Huáscar denunció que para la elaboración de esta ley tampoco se ha a consultado a las comunidades ni a las organizaciones campesinas, nativas y agrarias que se verán afectadas, violándose nuevamente el Derecho al consentimiento previo, libre e informado, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, refrendado por el Estado peruano. 
 
En opinión del dirigente para la emisión de este reglamento se ha debido recoger la opinión de los Consejos de Cuenca, consejos que aún no están formados, lo que no ha impedido que esta norma entre en vigencia. Como tampoco se ha consultado a las Mesas de Trabajo sobre reglamentación de la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, situación que, lejos de propiciar seguridad, genera mayor desconfianza.
 
Es por ello que “convocamos al Congreso de la República a intervenir y solicitar la interpelación al Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, y al ministro de Agricultura, Dante de Córdova Véliz, por haber firmado este decreto a espaldas del pueblo”, concluyó Antolín Huáscar.

(Con información del Área de Prensa y Comunicaciones de la CNA).