Economista destacado y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Humberto Campodónico mostró su marcado rechazo a la ampliación del Pama de Doe Run Perú (DRP), por sus sucesivos incumplimientos. En esta entrevista concedida al programa radial Agenda Agraria de Huancayo, también plantea la necesidad de estatizar esta empresa si no se consigue inversionista que asuma las operaciones del complejo metalúrgico. Asegura que existen experiencias exitosas derivadas de la administración estatal en empresas públicas.

¿Cuál es su opinión sobre la nueva paralización a la que están convocando los trabajadores de La Oroya para solicitar la ampliación del Pama de DRP?

El principal responsable aquí es DRP. En los años 2007 y 2008, esta empresa tuvo una importante cantidad de utilidades y debía disponer de un fideicomiso para financiar el Pama, pero en la época de vacas flacas, cuando empezaron a bajar los precios de los minerales, dicen no tener dinero para continuar, que no pueden pagar los créditos y que no pueden invertir en el Pama. Así, la primera responsabilidad recae en esta empresa minera. Ahora, pese a que hubo varios planteamientos de solución, el señor Ira Rennert, dueño de la minera en Estados Unidos, no quiere capitalizar la deuda y quiere una ampliación del Pama de 30 meses; ahí está el principal problema. Otro problema son los trabajadores que incorrectamente quieren sacar adelante una solución. Entonces, lo que el Estado debería hacer es formar una comisión transitoria que garantice el empleo de los trabajadores, que evalúe las inversiones de la empresa, que reanude el Pama y que busque un nuevo inversionista. Con sus demoras, pareciera que el Estado no quiere admitir que esta privatización ha resultado un fracaso.

Entonces la solución a esta crisis supone que el multimillonario Ira Rennert se meta la mano al bolsillo…

Sí, porque utilidades tiene. Ellos alegan que las utilidades de los años anteriores se repartieron entre los trabajadores y que no hay dinero para afrontar la crisis de hoy, pero hay que recordarles que en los tres últimos años hubo muy buenas utilidades. ¿Qué es lo que les ha dicho el presidente Barack Obama a los bancos de Estados Unidos? Pues que si tienen problemas, capitalicen, aumenten el patrimonio del banco para que en esa medida, el gobierno también los pueda ayudar. Pero en Perú, DRP solo quiere invertir una mínima cantidad, no quiere capitalizar sus deudas y no quiere invertir en el Pama: eso no es correcto, ellos no quieren capitalizar sus deudas.

¿Qué significa capitalizar la deuda?

DRP tiene una deuda de 150 millones con Doe Run de Estados Unidos. Eso quiere decir que se le debe a la matriz. Cuando se le pide que capitalice su deuda, quiere decir que el empresario norteamericano debe convertir esa deuda en capital, es decir, aumentar en esa misma cantidad el capital para darle un nuevo impulso a la empresa.

Los trabajadores han anunciado un paro, ¿cómo debe actuar el gobierno frente a esta situación?

Los trabajadores están presionando porque el gobierno se ha demorado en definir esta controversia y garantizarles sus puestos de trabajo. Es momento de decir que esta privatización fracasó. Se debe conversar con los trabajadores para dejar libre la carretera y evitar la violencia, el gobierno también debe hacer cumplir las responsabilidades de DRP.

Los trabajadores piden que se amplíe el Pama para que DRP disponga de dinero para reiniciar sus operaciones. ¿Debe ceder el Estado?

Tengo una posición clara: no hay ampliación posible del Pama de DRP porque me parece que es una empresa tramposa. Entiendo que los trabajadores pidan que la empresa continúe porque sino no tendrán puestos laborales, pero el Estado debe garantizar el empleo plenamente, incluso con la firma de un acta con el presidente de la República si es posible. Entendamos que si se amplía el Pama, las demás empresas del país buscarían incumplir con sus proyectos ambientales y dirían: “si a La Oroya le dan porque no me podrían dar a mí”. DRP incumplió su Pama en el 2004, y luego de dos años de negociaciones suscribió un acta en el 2006 con la garantía de un fideicomiso, pero tres años más tarde, incumple y ahora pide otra ampliación. No se puede ampliar el Pama con esta empresa. Ya hemos llegado a un límite.

Pero hay temor de los trabajadores de que se cierre el complejo…

La garantía del Estado para que los trabajadores no pierdan sus empleos resuelve eso; si yo tuviera esa responsabilidad, me desligaría de esa empresa garantizando el 100% de puestos laborales.

¿Y en cuánto tiempo otra empresa podría asumir el complejo metalúrgico?

Si nadie quiere venir, que se convierta en una actividad del Estado. En Chile, por ejemplo, la corporación de cobre que se llama Codelco, es la empresa de cobre más grande del mundo, le va muy bien e incluso el 10% de sus exportaciones se destina a las fuerzas armadas de Chile. En Colombia, la empresa de petróleo funciona con apoyo estatal al igual que la peruana Petroperú, que es una empresa eficiente. ¿Entonces, cuál es el problema? Ninguno. Solo que la derecha liberal hace campaña para que no se privatice señalando que el Estado es mal administrador y eso no es así, no es verdad que una empresa pública sea mala, ineficiente, burocrática y corrupta, ese es un mito que hay que romper. Lo malo es que como el Gobierno no es partidario de las empresas públicas, no las impulsa. Hay que tomar en cuenta que esta no es una corriente aislada en América Latina y muchos piensan que solo Chávez aplica este sistema, ¡nada que ver!, está Colombia y Chile, que son gobiernos liberales pero también tiene empresas públicas exitosas. ¿Por qué estaría mal que venga otra empresa a La Oroya?, al contrario, tal vez resulte mejor administradora.

¿Ha tenido conocimiento de la última multa contra DRP?

No conozco el tema directamente, pero sí conozco que toda multa puede ser apelada. Por eso no sería un problema para DRP, porque la apelación se resuelve en años, y mientras tanto, el Estado no recibe ningún ingreso por la multa. El efecto disuasivo que la multa debiera tener, en el fondo no se cumple. Para hacerla efectiva, una parte de la multa debería ingresar al tesoro público mientras se resuelva la apelación.

Foto: La República.